Los jóvenes y la puerta a una nueva vida en sociedad


Con modificaciones desde suplantar el término “púber” por “adolescente” hasta la posibilidad de iniciar una acción judicial, el anteproyecto de modificación del Código Civil abre el juego para los menores de edad.
El anteproyecto que modificaría el Código Civil y Comercial Argentino toca varios puntos de la vida legal de los adolescentes, ya sea desde la terminología a utilizarse, “púber” sería reemplazado por “adolescente”, la posibilidad de iniciar una acción legal contra terceros o contra sus propios padres cuando sus intereses o integridad se viesen amenazados o hayan sido vulnerados, e inclusive el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Con el voto a partir de los dieciséis años ya aprobado, dista de ser una utopía para poder vislumbrarse como realidad.
“Los adolescentes fueron subestimados durante muchos años, pero los tiempos cambian y la sociedad evoluciona. Los adultos comenzaron a darse cuenta que ese grupo de chicos representa un sector con ideas. Aunque no sólo deben darnos derechos sino también obligaciones para que todo funcione correctamente”, reflexiona Florencia, una chica de 16 años que cursa actualmente el cuarto año del secundario. Los jóvenes siempre se han visto envueltos en acciones sociales, militancia política y protestas, entre otras cosas, y desde el gobierno y el sistema judicial han decidido comenzar a considerarlos de otro modo, tal vez más inclusivo, para que puedan empezar a tomar decisiones contando con capacidades progresivas que comenzarían a desarrollarse a partir de los trece. Estas modificaciones, tanto desde el punto de vista de adultos como de adolescentes, acarrearon diversas opiniones, yendo desde los que están de acuerdo, pasando por quienes aceptan algunos puntos y otros no hasta quienes se oponen. “Estoy en desacuerdo porque a los 16 seguimos siendo chicos para tomar decisiones acerca de nuestras vidas y cuerpos, es demasiada responsabilidad”, afirma Sabrina, una estudiante secundaria de la Ciudad de Buenos Aires. “Pero si un menor comete un delito, es correcto que vaya a la cárcel o a un reformatorio”, agrega en base al artículo que estipula que pueden ser juzgados criminalmente sin que intercedan sus padres. Manuel, un joven de 17 años que cursa sus estudios en un colegio católico privado, dispara: “La juventud actual no tiene la suficiente madurez para afrontar este tipo de deberes”.
Los abogados, quienes son los que van a valerse de estas nuevas normas, aún desconocen que es lo que prevé este anteproyecto presto a sancionarse en los primeros días de enero de 2013: “No estamos interiorizados con el nuevo Código Civil ya que no se ha hecho efectivo todavía. Cuando entre en curso, tendremos que empaparnos de él”, asegura la abogada Susana Suárez. Por otro lado, la letrada Mariana Rivero Morales, recientemente recibida, afirma estar de acuerdo con las nuevas modificaciones que entrarán en vigencia, aunque también aclara que no han indagado tanto en la temática que abarca lo referido a los adolescentes.
El artículo 26, referido al ejercicio de los derechos por personas menores de edad, estipula que los ejercen a través de sus representantes legales salvo que cuenten con la madurez suficiente para hacerlo por sí mismos a partir de los trece años de manera gradual. En estos párrafos, el proyecto de Código Civil ya comienza a dar un vistazo acerca de que deben ser oídos en procesos judiciales, que pueden decidir acerca de tratamientos de salud y dictamina que a partir de los dieciséis son considerados como adultos para “las decisiones atinentes a sus propios cuerpos”.
En el artículo 677, referido a la representación judicial, la modificación dice: “Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores, o de manera autónoma con asistencia letrada”. En base a esto, los jóvenes no sólo podrán iniciar un juicio a un tercero sino también a sus propios padres cuando sus intereses se vean afectados, siempre teniendo en cuenta el grado de madurez que posean al momento de tomar acción. Franco, de 17 años, ve en esto un acierto absoluto de la normativa, ya que al ser tenidos en cuenta en procesos de su interés es un modo correcto de “respetarlos como personas”. Asimismo, en caso de que uno o ambos progenitores se opongan a que su hijo inicie una acción civil contra otra persona, un juez puede autorizarlo a intervenir si cumple con la edad necesaria y, nuevamente, cuente con la asistencia de un abogado para tales cuestiones.
“Está demás decir que es indispensable tanto el bienestar físico como mental para la vida”, afirma la joven estudiante Samantha en referencia al artículo 647 que estipula que “se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños y adolescentes”. Está más que claro que a partir de esto el famoso “chirlo” y los gritos que puedan inferir los padres hacia sus hijos cuando no se estén comportando como es debido quedarán totalmente de lado. Esto hace un hincapié fundamental en que los progenitores tendrán que apelar inicialmente a la correcta crianza de los chicos que evite malos comportamientos así como también buscar un modo más humano y respetuoso al momento de reprenderlos, ya que son personas que sienten y podría traerles problemas futuros. Bastará con prohibirles usar la consola de videojuegos o no dejarlos salir a jugar para hacerlos entrar en razón en vez de actuar de un modo animal y peligroso para su correcto desarrollo y olvidarse de una vez por todas del “’chas chas’ en la colita”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estipula que el derecho a la identidad comprende derechos correlacionados: a un nombre propio, a conocer la propia historia filial, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad. El artículo 596 de este proyecto abarca la parte referente a conocer los orígenes, dotando al joven adoptado de herramientas que le permitan “conocer los datos relativos a su origen y pueda acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en que se tramitó su adopción”. De este modo, el adolescente con edad y madurez suficientes podrá valerse por sus propios medios al momento de indagar acerca de sus verdaderos padres sin tener que solicitar permiso alguno, contando con total albedrío.
El voto a partir de los dieciséis años ya es un hecho. A partir de que la ley entró en vigencia, los adolescentes deberán renovar sus documentos de identidad a partir de los catorce para poder votar de manera no obligatoria. “Algunos de nosotros no sabemos mucho de política como para poder votar”, afirma Rosario, una joven de 17 años.
A partir de estas posibles modificaciones, se comienza a entrever como los adolescentes han ganado terreno en la vida social de un país que ha decidido comenzar a respetarlos y tomarlos como parte activa de sus decisiones, derechos, deberes y de la sociedad misma.

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