Le toca el turno a la Justicia en materia de reformas


La Presidenta anunció una profunda reforma judicial el pasado lunes 8 de abril que pretende “democratizar” la Justicia y despertó rechazos de la oposición, de los magistrados y de la Iglesia Católica. Consta de seis modificaciones, que alcanzan, por ejemplo, al Consejo de la Magistratura y a las cautelares, de las cuales tres ya tienen su dictamen y se tratarán en recinto.
Entre el miércoles y jueves de esta semana se votarán en la Cámara alta los proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura (pretende ampliar su composición y que sus miembros sean elegidos por voto popular), la creación de tres cámaras de casación (habrán nuevos tribunales en los fueros civil y comercial, laboral y contencioso administrativo, lo que determinará menor cantidad de causas para la Corte Suprema) y la restricción a las medidas cautelares (sólo podrán durar seis meses, no se dictaran en casos de contenido patrimonial y se suspenden cuando son apeladas), esta última claramente ligada a lo que sucedió con el Grupo Clarín respecto a la ley de medios, el cual congeló el plazo de ejecución de los artículos 45 y 161 basándose en este amparo legal. De ser aprobados, pasarán el martes próximo a la Cámara baja para ser tratados en comisiones.
Las tres modificaciones restantes alcanzan a la publicidad de las causas judiciales (se podrá conocer el estado procesal de todas por internet), a las declaraciones juradas de los jueces (facilitará el acceso de los ciudadanos para obtener datos de sus bienes, que actualmente es casi imposible) y a los nombramientos en la Justicia (la elección de los funcionarios letrados y el ingreso de empleados a Tribunales serán por concurso).
La Asociación de Magistrados afirmó, mediante un comunicado, que “[las reformas] en nada contribuyen al mejoramiento de la Justicia y, por el contrario, cercenan su independencia”. Desde la Corte Suprema de Justicia siguieron muy de cerca sus reclamos así como también aquellos de los jueces de instancias inferiores, aunque su presidente, el juez Ricardo Lorenzetti, decidió no pronunciarse sobre las modificaciones ya que “los que tienen que discutir son los parlamentarios”. El diputado radical Oscar Aguad dijo: “es una locura lo que están haciendo. Esto busca partidizar la Justicia y darle la administración del Poder Judicial a las mayorías circunstanciales del país”, tomando parte en el rechazo conjunto de la UCR, el peronismo opositor, Pro, Unión por Todos y un sector del FAP. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, les respondió que “la oposición no ha colaborado para tener un debate edificante. Antes que la Presidenta anunciase el envío de los proyectos y se conozca el texto de las iniciativas, ya expresaron su opinión contraria”. Desde la Iglesia Católica sostienen que esto puede “debilitar la democracia”.
Diversos grupos, mediante las redes sociales, organizan un cacerolazo en repudio a estas medidas para el 18 de abril próximo. Estiman que, aunque es una convocatoria en la cual las personas participarán espontáneamente, igualarán la marcha del 8N por la fuerte repercusión que están obteniendo a través de Facebook.

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